El gobierno de Daniel Ortega y de su poderosa esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, endureció las leyes contra la oenegés tras las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según informes de las Naciones Unidas. Ahora han clausurado 1500 mas, la mayoria religiosa. Este cierre masivo, eleva a 5100 las organizaciones que no pueden operar en el pais o acogerse a trabajar en alianza con el Estado.
En la lista de entidades cuya «personalidad jurídica y registro» fueron cancelados, y cuyos bienes serán confiscados, figuran cientos de asociaciones católicas y evangélicas, además de sociedades o fundaciones benéficas, deportivas, de pequeños comerciantes, rurales y de jubilados; también clubes rotarios y de ajedrez. También fueron clausuradas organizaciones indígenas y de excombatientes de la lucha entre el gobierno sandinista y los rebeldes contras en los años 80.
Ortega, exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y está en el poder desde 2007, sostiene que las oenegés y sobre todo la Iglesia católica apoyaron esas protestas, que considera un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Esa medida fue anunciada un día después de que Venezuela, un aliado de Managua, aprobara una ley sobre oenegés que, según activistas de derechos humanos, «profundizará la persecución» de críticos del presidente Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude en su reelección.
El gobierno impuso a las oenegés de Nicaragua un «nuevo modelo de operatividad», que les arrebata la autonomía de sus proyectos, y pretende controlar los recursos que éstas reciben, según analistas.
«Deja la mesa limpia completamente, elimina prácticamente todas las oenegés del país. Más de 5.100 en lo que va de la crisis (2018). Esto obedece a un mayor control (…) Otro zarpazo a la sociedad civil», dijo en su cuenta de X Juan Sebastián Chamorro, exprecandidato presidencial nicaragüense, exiliado en Estados Unidos.
El gobierno de Ortega, que enfrenta sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea que lo acusan de medidas autoritarias, también ha cerrado radios y universidades católicas.
A finales de 2023, unos 30 clérigos fueron encarcelados y luego enviados al Vaticano. Este mes estuvieron detenidos una quincena de sacerdotes, la mayoría también expulsados a Roma.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó la semana pasada al gobierno a cesar «la represión generalizada y la persecución religiosa en el país», y denunció que siguen en «detención arbitraria» al menos 141 personas. AFP
